
El Informe, encargo del Ministerio de Juventud e Infancia a un comité de 50 personas expertas independientes, incluye un amplio diagnóstico sobre el impacto de las tecnologías en las personas menores de edad, en el que se analiza, entre otras, la responsabilidad de la industria, la exposición de los niños y niñas en las redes sociales, el papel de las familias y otros actores de la sociedad, así como las herramientas de protección. El objetivo es que las Administraciones Públicas garanticen un marco de prevención, detección precoz y protección frente a una posible vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia.
En paralelo a la elaboración del informe, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el pasado mes de junio de 2024 el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales e impulsará una Estrategia Nacional que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes y les permita disfrutar de los beneficios de la tecnología, garantizándoles una navegación segura en la red, priorizando la defensa de sus derechos y ofreciéndoles la posibilidad de participar en la toma de decisiones.




